AUSTIN. El Tribunal Supremo de Arkansas suspendió las dos ejecuciones previstas para este miércoles y otras seis programadas para las próximas semanas y bloqueó así los planes del estado sureño para reanudar la pena de muerte tras una década de inactividad. Los magistrados tomaron esta decisión para permitir a la defensa de los ocho reos litigar contra el estado en un caso que atañe a las inyecciones letales que Arkansas pretende utilizar en las ejecuciones. El estado se ha negado a informar de su proveedor de fármacos y la defensa de los reos argumenta que eso viola las propias leyes de Arkansas. La suspensión dictada hoy complica aún más el reinicio de las ejecuciones en Arkansas, ya que el comienzo de ese proceso judicial no está previsto hasta marzo y parte de los fármacos adquiridos por el estado caducan en junio. Además, las autoridades aseguraron que su único proveedor no está dispuesto a vender más fármacos para ejecuciones tras recibir amenazas. La procuradora general de Arkansas, Leslie Rutledge, consideró "lamentable" la decisión del Supremo, que calificó como un nuevo "retraso de justicia para las víctimas". Seguiré defendiendo la inyección letal y luchando por las víctimas y sus familias", agregó. Arkansas tenía previsto ejecutar este miércoles a los reos Bruce Earl Ward y Don William Davis, condenados por asesinatos cometidos en 1989 y 1990, respectivamente. Las otras seis ejecuciones estaban programadas para el 3 de noviembre, el 14 de diciembre y el 14 de enero. Actualmente, Arkansas tiene a 34 presos en el corredor de la muerte.